Los estados europeos, y muy singularmente el Reino de España, están violando
gravemente los Derechos Humanos, esa declaración de principios supuestamente
absolutos a los que, paradójicamente, todos los gobiernos y ordenamientos dicen
someterse. Toman la Declaración de 1948 como si se tratara de una nueva Religión,
credo organizado en cuyo seno laten dogmas, con su clerecía (oenegetas y funcionarios
de Agencias de Cooperación) y hasta una Iglesia Universal (ONU), así como cruzados,
templarios y demás secciones militarizadas de la misma (UE, OTAN). Están aupados a
lo que llaman “gobernanza mundial”, esto es, armados con dogmas sacados de la manga
y no explícitos en la propia Declaración. Los poderes europeos afirman, todos ellos
rendidos al globalismo, que “no hay fronteras”. Y que no hay fronteras, especialmente,
para los “menores no acompañados” (MENAS).
Pero el derecho de un “menor no acompañado” no es el derecho a venirse a España o a
cualquier otro estado de Europa. El derecho y la obligación de un menor, sea extranjero,
sea español, es otro: vivir con sus padres y luchar por el progreso de su propia patria.
Que existan padres desalmados que envíen a sus hijos al mar en dirección a un mundo
que no es el suyo, no debe ser asunto público de nuestro estado, una visita no deseada
que succione o detraiga recursos públicos, un problema que genere responsabilidades
para el poder público, motivadas por una estancia ilegal en nuestros suelos. No
olvidemos que son personas que han cometido un acto ilegal. Es dudoso que un acto
ilegal deba generar nuevos derechos a quien lo ha cometido. No obstante, en el
fenómeno de los llamados “okupas” tenemos algo similar: alguien entra en tu casa y tú,
como propietario, tienes que respetar los derechos del delincuente, derecho a vivienda
gratis, unos derechos que se alzan por encima del derecho a la propiedad.
Las organizaciones no gubernamentales, en no pocos casos, están colaborando con las
criminales mafias de tráfico de personas y trabajan para que se dé la aberración, esto es,
que una ilegalidad genere derechos al infractor. Las ONGS, junto con los aparatos del
Estado, no se limitan al rescate (“a vida o muerte”) de personas a la deriva en alta mar,
lo cual es y debería ser siempre humanamente una prioridad. En algunos casos se
extralimitan y hacen una labor de “importación” de contingentes humanos, muchos de
los cuales “dicen” ser menores, exigiendo de nosotros mucha fe y candidez de alma.
Que todo un Estado, o unas ONGS altamente subvencionadas por el estado, colaboren
en la tarea criminal de “importar” seres humanos, habiendo entre los llamados
“migrantes” personas que deberían seguir con sus padres (que los tienen, en no poca
proporción o, si no, familia y tribu) es un delito cometido por el Estado español, sus
funcionarios y sus ONGS.
El Reino de España, al tomar como competencia y obligación suya la custodia de
personas extranjeras, catalogadas como “menores” (bajo criterios dudosos muchas
veces) y “no acompañados” (contando todos con su propia familia, ya que no
progenitores) está incurriendo en dos crímenes contra la humanidad: apropiarse de
personas que deben ser criadas y custodiadas por otros, de una parte; de la otra, el
estado facilita la labor de las mafias que trafican con personas, pues completan la última
parte del trabajo remunerado a los nuevos “negreros” y esclavistas: el cruce de una
frontera y el ingreso en un centro que garantiza su reparto ulterior en algún punto de la
península.
Los derechos de estas personas (muchas de las cuales no son, precisamente “niños”)
solo se pueden garantizar en una familia. Un Estado extranjero (como es y siempre será,
para ellos, España) no puede hacer de padre ni de madre. Hay un falso consenso en
nuestra sociedad, atiborrada de moralina: “esto es lo que ha de hacerse como mínimo,
pobrecitos, qué menos”. Un falso y dulzarrón pseudo- cristianismo, que habla de
“cultura de la acogida”, y de “tender puentes y derribar muros”, se destila y predica
incluso en las legiones de la izquierda atea y laicista, devenida misionera y limosnera.
De repente quieren salvar a millones de “niños” extranjeros, aunque muy pocos
empleados de esta agencia de importación de personas (y menos aun las elites que los
dirigen) los meten en su propia casa o los recogen en su barrio. De otra parte, el recurso
oficial a un lenguaje intimidatorio y terrorista, encaminado a impedir toda crítica de este
fenómeno criminal de la importación de menores, es algo que debería preocupar. El
punto de enfoque está tergiversado de forma deliberada por el Poder: se quiere negar de
antemano la ecuación “delincuente=migrante”, falsa en muchos casos, para ofuscar la
visión de mil y una disfunciones auténticas que la importación planificada y mafiosa de
personas está acarreando, disfunciones que no son exclusivamente de tipo delictivo.
Pero, lo más importante, se está tapando el hecho de que el propio Estado comete delito
contra la Humanidad al no defender sus propias fronteras y al ser colaborador (activo y
pasivo) de la trata de seres humanos.
