A 216 años de la Revolución de Mayo, la Argentina conserva los símbolos de la independencia, pero vuelve a enfrentar una pregunta que incomoda: quién decide realmente sobre su destino.
La Revolución de Mayo nació como una ruptura fundacional contra la subordinación geopolítica. Fue el quiebre exacto en que el pueblo del Río de la Plata rechazó la obediencia colonial y comprendió que no podía seguir entregando su destino a una autoridad que operaba a miles de kilómetros. El Virreinato era un dispositivo de dominación armado para reducir estas tierras a una periferia proveedora de recursos y mercados cautivos. Destruir esa lógica e instalar la soberanía popular fue un acto de realismo político que liquidó para siempre una legitimidad ajena que ya no podía sostenerse.
La gesta de 1810 no cerró el conflicto, pero abrió un vector irreversible: clausuró la legitimidad colonial para subordinar el poder a la voluntad del pueblo. El verdadero legado de Mayo no es un cambio de nombres en el gobierno, sino el nacimiento de una conciencia política estratégica. Recordar esa ruptura en este 2026 exige abandonar el patriotismo de cotillón para medir la soberanía en términos fácticos. Un Estado puede sostener todos los atributos formales de una Nación —bandera, himno, Constitución, presidente y ministerios— y, al mismo tiempo, operar en la práctica como una colonia económica, diplomática, cultural y militar subordinada a intereses transnacionales que no responden a su propio pueblo.
La Argentina de hoy no tiene virrey ni recibe órdenes oficiales de una corona, tampoco es gobernada formalmente desde Madrid o Londres. Pero la dominación contemporánea no necesita uniformes coloniales ni sellos imperiales. Opera por otros medios: deuda externa, organismos financieros, tutela diplomática, acuerdos militares, fondos de inversión, corporaciones tecnológicas, condicionamientos comerciales y una dirigencia local acostumbrada a buscar aprobación afuera antes de hablarle con honestidad a su propio pueblo.
Durante décadas se supo que muchos candidatos importantes pasaban antes por “la Embajada” que por una verdadera discusión nacional. Se sabía que buena parte de la política argentina buscaba legitimidad externa antes que legitimidad popular. Se sabía que los grandes lineamientos económicos quedaban condicionados por el Fondo Monetario Internacional, los acreedores, los mercados y los poderes financieros. La diferencia es que antes esa subordinación se disimulaba. Hoy se exhibe.
El gobierno de Javier Milei llevó esa dependencia a un grado de explicitación pocas veces visto. Ya no se trata de aceptar condicionamientos externos como un mal menor, sino de presentarlos como virtud. La debilidad en la negociación dejó de ser una limitación para convertirse en orgullo. La búsqueda de respaldo internacional dejó de ser una herramienta diplomática para transformarse en identidad política. El sometimiento se convirtió en bandera.
La alianza con Estados Unidos aparece como horizonte estratégico permanente. En mayo de 2026, el gobierno argentino acordó con Estados Unidos patrullajes conjuntos en el Atlántico Sur durante cinco años, con transferencia de tecnología, formación de personal y participación del Comando Sur estadounidense. El acuerdo fue presentado bajo la lógica de protección de “bienes comunes globales”, una fórmula que, aplicada al mar argentino, debería encender todas las alarmas nacionales.
El Atlántico Sur no es un espacio neutro. Es Malvinas. Es Antártida. Es pesca. Es energía. Es defensa. Es proyección geopolítica. Es una zona vital para cualquier proyecto nacional serio. Ningún país que se respete entrega la definición estratégica de su espacio marítimo a una potencia extranjera. La Argentina puede cooperar con todos los Estados del mundo, pero cooperación no es subordinación. Una cosa es establecer relaciones desde el interés nacional; otra muy distinta es aceptar que la potencia dominante del continente participe en áreas sensibles de nuestra defensa mientras el gobierno lo presenta como modernización.
La relación con Israel plantea otro problema que debe ser tratado con precisión. La crítica no se dirige contra una religión ni contra una comunidad. La Argentina tiene una comunidad judía histórica, legítima y parte de la vida nacional. El problema no es el judaísmo. El problema es la subordinación del Estado argentino a la agenda de otro Estado.
La Constitución argentina vigente no exige que el presidente sea católico. Ese requisito existió en el texto histórico, pero fue eliminado. Por lo tanto, Milei puede tener las creencias personales que quiera. Puede acercarse al judaísmo, admirar una tradición religiosa o buscar una conversión si así lo desea. Ese no es el punto. El punto es que un presidente no gobierna para realizar su itinerario espiritual personal. Gobierna una Nación con historia, pueblo, territorio, intereses permanentes y responsabilidades estratégicas.
Cuando una afinidad personal se proyecta sobre la política exterior, deja de ser una cuestión privada y se convierte en un problema de Estado. Definirse públicamente como “el presidente más sionista del mundo”, prometer el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, congelar vínculos estratégicos con otros actores globales y comprar enemistades que no responden al interés nacional son decisiones de una gravedad enorme. No expresan audacia diplomática. Expresan una abdicación soberana.
Un mandatario argentino no debe lealtad a proyectos nacionales extranjeros. Debe lealtad a la Nación Argentina. La geopolítica no puede ser fanatismo, devoción personal ni alineamiento emocional. Debe ser realismo nacional. La Argentina tiene territorio, recursos, historia y población que defender. Su doctrina externa debe responder a un eje propio: relacionarse con Estados Unidos, Israel, Rusia, China, Brasil, el mundo islámico y cualquier otro actor internacional, pero sin subordinarse a ninguno.
Salirse de esa lógica para abrazar agendas ajenas no es inserción internacional. Es colonialismo autoinfligido. Comprar guerras ajenas e importar conflictos religiosos, territoriales y de inteligencia al suelo nacional no es gratis. Expone a la sociedad argentina a tensiones que no eligió, a riesgos que no le corresponden y a represalias posibles que ningún gobierno responsable debería provocar por obediencia ideológica. La sumisión externa se paga, tarde o temprano, en soberanía, seguridad y sangre.
Ese es el drama argentino actual. La colonización ya no necesita proclamarse como tal. Le basta con una dirigencia que piense con cabeza ajena. Le basta con economistas que reducen la Patria a una planilla fiscal. Le basta con funcionarios que celebran la aprobación de acreedores externos mientras el pueblo se hunde en la angustia cotidiana. Le basta con comunicadores que llaman “normalidad” a la entrega. Le basta con empresarios que prefieren importar antes que producir. Le basta con políticos que confunden modernización con renuncia nacional.
El gobierno actual se presenta como libertario, pero su libertad es profundamente desigual. Es libertad para los fondos de inversión, para el capital concentrado, para las corporaciones, para importar sin criterio productivo, para despedir con menos costo, para liquidar activos estratégicos, para endeudarse, para convertir recursos naturales en negocios de enclave. Para el ciudadano común, en cambio, la libertad se parece demasiado al abandono.
La libertad de mercado es una falacia cuando se traduce en el desguace de las condiciones materiales de la Nación. No hay libertad real cuando una familia no puede pagar la luz, el gas, los medicamentos o el alquiler. No hay libertad cuando un jubilado es tratado como renglón descartable del presupuesto. No hay libertad cuando la universidad pública es presentada como una carga sospechosa. No hay libertad cuando la salud estatal se vacía y el enfermo debe peregrinar para ser atendido. No hay libertad cuando los derechos laborales se recortan bajo el eufemismo de la competitividad.
Detrás del discurso de la eficiencia aparece un objetivo más profundo: disciplinar a la sociedad y consolidar un país primarizado, barato, endeudado y obediente. Una Argentina reducida a proveedora de materias primas, territorio disponible, recursos naturales saqueables y mano de obra precarizada. Una Nación que renuncia a producir y a proteger a los suyos no es libre. Es un territorio entregado al mejor postor.
La libertad individual, divorciada de la soberanía nacional y de la justicia social, es una ficción oligárquica. Una Patria no es un amontonamiento de individuos abandonados a su suerte por el mercado. Es una comunidad histórica organizada alrededor de un destino común. Ese fue el quiebre de Mayo: la transformación de una población administrada en sujeto político de decisión.
Por eso, el auténtico nacionalismo argentino debe ser rescatado de sus falsificaciones. Nacionalismo no es xenofobia folclórica, nostalgia estéril ni grito impostado de la palabra “Patria” para encubrir negocios corporativos. El nacionalismo argentino es un pragmatismo de autodefensa: control de los recursos estratégicos, desarrollo industrial, protección del trabajo, autonomía tecnológica, defensa del territorio, educación pública fuerte, ciencia nacional y dignidad popular.
Esa doctrina hoy no tiene representación clara en el elenco político dominante. Hay una vacancia estructural. Quienes pronuncian la palabra Patria suelen reducirla a una consigna electoral. Quienes gobernaron en nombre de la justicia social muchas veces administraron dependencia. Y quienes hoy levantan la bandera de la libertad operan como gerentes de poderes económicos transnacionales, más permanentes y opacos que cualquier gobierno de turno.
La Argentina no se salva cambiando de capataz dentro del mismo esquema de subordinación. Se salva respondiendo preguntas estratégicas básicas: qué producimos, quién controla la energía, cómo defendemos el Atlántico Sur y el sector antártico, qué nivel de autonomía tecnológica vamos a construir, qué industria necesitamos, qué papel queremos ocupar en Iberoamérica y qué relación vamos a establecer con las grandes potencias. Sin esas definiciones, la política es apenas espectáculo mientras las decisiones reales se toman afuera.
El programa de ajuste actual excede la ortodoxia económica. Es una reorganización geopolítica del país. El pretexto del equilibrio fiscal enmascara un desorden inducido en la estructura material de la sociedad. Un modelo donde la contabilidad cierra a costa de liquidar jubilados, quebrar pequeñas y medianas empresas, desmantelar capacidades científicas, asfixiar a productores y deteriorar la salud pública no está ordenando la Nación. La está disciplinando.
La Revolución de Mayo fue contra un poder lejano y sordo. Hoy ese poder puede estar más cerca. Puede hablar castellano. Puede ocupar despachos nacionales. Puede presentarse en nombre de la libertad. Puede agitar una motosierra. Puede invocar la eficiencia. Puede prometer inversiones. Puede celebrar la llegada de fondos externos. Puede decir que no hay alternativa. Pero si sus decisiones responden antes a Washington, a Tel Aviv, al Fondo Monetario Internacional, a las corporaciones o a los mercados que al pueblo argentino, entonces el problema de fondo vuelve a ser el mismo: la Nación no decide plenamente sobre sí misma.
Festejar el 25 de Mayo es una hipocresía si al mismo tiempo se aplaude la entrega del país. No se puede hablar de libertad mientras se deja al trabajador solo y desarmado frente al poder de los monopolios. Tampoco se puede cantar el himno mientras se regalan los recursos naturales, se funde la industria nacional, se extranjeriza la tierra y la política exterior se arrodilla ante los intereses de potencias extranjeras.
La Patria no es un verso para los discursos. La Patria es el salario real, la fábrica abierta, el jubilado cubierto y el científico produciendo en su propia tierra. La destrucción del mercado interno, la quiebra de las pymes y el vaciamiento de la salud y la universidad pública no son errores de gestión; son un ataque directo al corazón de la Nación. Festejar el éxito de los bonos financieros mientras la mesa de los argentinos se vacía es una estafa política. Cuando un gobierno gobierna para los fondos de inversión extranjeros en lugar de mirar el hambre de su pueblo, deja de ser un gobierno nacional y pasa a actuar como una fuerza de ocupación.
El destino de la Argentina se define por la fuerza de sus recursos y la autonomía de sus decisiones, no por la aprobación de los mercados globales ni el visto bueno de las embajadas extranjeras. La soberanía real es control territorial efectivo, custodia armada del Atlántico Sur y del sector antártico, desarrollo de industria pesada y tecnología propia. Todo lo demás es literatura.
El conflicto de Mayo sigue abierto porque las terminales de la dependencia solo cambiaron de ropaje. En 1810 se enfrentaba a los navíos de una corona; hoy, en este 2026, la sumisión se firma a través de la entrega del litio, el desmantelamiento científico, la extranjerización de la tierra y la subordinación militar al eje Washington-Tel Aviv.
La actual dirigencia política opera como una escribanía de intereses transnacionales, liquidando el capital nacional para financiar la timba financiera de los acreedores.
A 216 años de la revolución, la independencia es una tarea inconclusa por el miedo estratégico de una clase gobernante que prefiere subordinarse afuera antes que conducir con coraje adentro. Ninguna nación es libre si sus fronteras están desprotegidas y sus fábricas cerradas.
El patriotismo no es un discurso de fecha patria ni una puesta en escena; es el ejercicio efectivo de la soberanía nacional. La Patria va a dejar de ser el botín de sus liquidadores el día que el Estado argentino vuelva a ejercer el monopolio de sus decisiones estratégicas y defienda sus recursos con la determinación de no arrodillarse ante nadie.
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Ivone Alves García
Productora general | AsiaTV
Productora general y gestora cultural especializada en cooperación internacional y comunicación geopolítica. Cofundadora y productora general de AsiaTV, plataforma dedicada al análisis geopolítico y la cooperación internacional. Ha coordinado encuentros académicos, culturales y diplomáticos con embajadas, universidades y organizaciones internacionales. Cofundadora de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI).
