Estados Unidos impuso nuevos aranceles a la Argentina y Brasil y utilizó su legislación para condicionar sus políticas internas. Ante la misma presión, Brasil defendió su autonomía, mientras el Gobierno argentino aceptó las exigencias de Washington y recibió igualmente la sanción.
Desde el 24 de julio, Estados Unidos aplica un arancel adicional del 10% a las exportaciones argentinas y del 12,5% a las brasileñas. La medida se presenta como parte de la lucha contra el trabajo forzoso, pero su alcance expone una operación de poder más amplia: Washington decidió unilateralmente qué legislación debían adoptar sesenta economías, evaluó sus sistemas internos y utilizó el acceso a su mercado para forzar cambios dentro de otros Estados.
Argentina y Brasil cuentan con normas contra la explotación laboral. La controversia no surgió porque Estados Unidos hubiera probado que sus exportaciones se fabrican mediante trabajo forzoso. Washington los investigó porque consideró que no poseían la prohibición aduanera específica que exige la legislación estadounidense para impedir el ingreso de bienes producidos bajo esas condiciones.
Estados Unidos convirtió así su propio modelo regulatorio en una obligación para el resto del mundo. La defensa de los trabajadores funciona como fundamento moral de una medida que le permite juzgar políticas extranjeras, imponer aranceles generales y negociar con cada país desde una posición de fuerza.
La resolución permite gravar productos y sectores completamente ajenos al hecho investigado. La sanción puede alcanzar cualquier bien procedente de la economía cuestionada, aunque la empresa, el producto y su cadena de suministro no tengan relación demostrada con trabajo forzoso. Al mismo tiempo, Washington excluyó materias primas y bienes cuya penalización podría provocar desabastecimiento, elevar los precios o perjudicar a sus propias industrias. El principio se vuelve riguroso frente al país que debe disciplinarse y flexible frente al producto que Estados Unidos necesita. La resolución final de la USTR establece los aranceles y sus excepciones.
Argentina y Brasil respondieron de manera opuesta. El Gobierno de Javier Milei se comprometió a adoptar la prohibición exigida por Estados Unidos dentro del acuerdo comercial anunciado en noviembre de 2025. El compromiso formó parte de un conjunto mucho mayor de concesiones: acceso preferencial para medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agropecuarios estadounidenses; reconocimiento de certificaciones técnicas y sanitarias; apertura a ganado y aves; cambios en propiedad intelectual y coordinación con Washington en controles de exportaciones, inversiones y seguridad económica.
El acuerdo también alcanza la transferencia internacional de datos personales, los servicios digitales, las empresas estatales, los subsidios industriales y los minerales críticos. Argentina aceptó adecuar áreas regulatorias, comerciales y estratégicas a las prioridades estadounidenses con la expectativa de recibir un tratamiento privilegiado. El documento de la Casa Blanca enumera esos compromisos.
Brasil respondió distinto. Durante la investigación sostuvo que no correspondía incluirlo porque posee un marco jurídico e institucional consolidado contra el trabajo forzoso y forma parte de los instrumentos internacionales existentes sobre la materia. Washington registró ese argumento y lo desestimó igual, porque Brasil no había adoptado la prohibición aduanera concebida por Estados Unidos. El informe de la USTR recoge expresamente la posición brasileña.
Brasil recibió el arancel del 12,5%. Pagará 2,5 puntos más que Argentina, pero no entregó a Washington la facultad de definir su legislación interna. Defendió la suficiencia de sus instituciones, preservó su capacidad regulatoria y mantuvo abierta la posibilidad de responder.
Esa capacidad no depende únicamente de una declaración política. Brasil aprobó en 2025 la Ley de Reciprocidad Económica y reglamentó un mecanismo que permite adoptar contramedidas frente a decisiones unilaterales extranjeras que perjudiquen su competitividad o interfieran en sus decisiones soberanas. Las respuestas pueden alcanzar bienes, servicios, inversiones y otros derechos comerciales. Su aplicación requiere una evaluación estatal previa para determinar los sectores involucrados y evitar daños innecesarios a la propia economía. El Gobierno brasileño explicó el alcance del mecanismo de reciprocidad.
Brasil tampoco necesita responder automáticamente con otro arancel de la misma magnitud. La reciprocidad empieza por conservar instrumentos propios, calcular los costos y obligar a la contraparte a considerar las consecuencias de su decisión. El Gobierno brasileño ya había rechazado anteriores medidas comerciales estadounidenses por su carácter unilateral y había advertido que evaluaría las acciones disponibles en defensa de sus intereses, según el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil.
Argentina eligió el camino contrario. Aceptó la exigencia, incorporó compromisos que exceden ampliamente la cuestión laboral y obtuvo como recompensa una reducción de apenas 2,5 puntos en una sanción que Estados Unidos aplicó de todos modos. El Gobierno puede presentar esa diferencia como resultado de su relación con Donald Trump, pero el saldo concreto muestra algo más degradante: la afinidad política sirvió para negociar el tamaño del castigo, no para defender la capacidad argentina de decidir.
No existe reciprocidad en esa relación. Estados Unidos protege sus industrias, exceptúa los productos que necesita y utiliza su legislación nacional para presionar economías enteras. Argentina abre su mercado, reconoce normas extranjeras, modifica controles propios y alinea sectores estratégicos. Estados Unidos fija las condiciones y conserva todos sus instrumentos. Argentina ofrece concesiones para demostrar lealtad.
Brasil tampoco puede impedir que Estados Unidos cobre un arancel dentro de su territorio. Puede rechazar su legitimidad, defender su legislación, coordinar acciones con otros países y reservarse una respuesta. Esa diferencia es decisiva. La soberanía no es la ausencia de costos: es conservar la facultad de decidir cómo enfrentarlos.
La comparación vuelve insostenible la presentación del 10% como un éxito argentino. Brasil soporta una penalización algo mayor porque no aceptó que Washington legislara indirectamente sobre su política aduanera. Argentina entregó autonomía regulatoria, concedió ventajas económicas y recibió igualmente el arancel. Ahorró 2,5 puntos a cambio de demostrar que sus decisiones internas pueden negociarse bajo presión extranjera.
El problema excede al Gobierno de Milei. Una nación que posee alimentos, energía, minerales críticos, capacidad nuclear y una posición estratégica en el Atlántico Sur ha reducido su política exterior a conseguir descuentos sobre las sanciones de una potencia. Brasil muestra que la asimetría no obliga a la obediencia. Se puede negociar sin renunciar a la dignidad nacional, combatir el trabajo forzoso mediante instituciones propias y rechazar que una ley estadounidense se transforme en autoridad supranacional.
Estados Unidos castigó a los dos países. Brasil sostuvo que las leyes brasileñas se deciden en Brasil. Argentina aceptó la condición de Washington y celebró haber sido castigada un poco menos. Esa diferencia pesa mucho más que los 2,5 puntos que separan ambos aranceles.
