Organizaciones de ciudadanos rusos y rusoparlantes residentes en el país denunciaron un clima creciente de estigmatización pública, mediática e institucional. El pronunciamiento apunta contra declaraciones oficiales que, según advierten, asocian la nacionalidad rusa con amenazas a la seguridad nacional sin condena firme ni pruebas judiciales concluyentes.
La comunidad rusa y rusoparlante residente en la Argentina emitió un firme pronunciamiento público ante lo que considera un avance preocupante de la rusofobia en el país. El documento fue difundido por el Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina, que reúne a 26 instituciones históricas, culturales, educativas y comunitarias vinculadas a la colectividad rusa.
La declaración, fechada en Buenos Aires el 6 de mayo de 2026, fue dirigida al presidente Javier Milei, a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a los miembros del Congreso Nacional y a la opinión pública. En ella, los firmantes expresan su “profunda preocupación” por lo que describen como un incremento de manifestaciones de rusofobia en el espacio público, en los medios de comunicación y en declaraciones de altas autoridades del Gobierno nacional.
El eje del reclamo se centra en las declaraciones realizadas por la ministra Monteoliva contra ciudadanos rusos, a quienes vinculó con presuntas redes de “ciberinfluencia” y desinformación política. Para las organizaciones firmantes, el problema no reside en la investigación de un caso concreto, sino en la forma en que el discurso oficial habría contribuido a instalar una asociación general entre origen ruso, amenaza, espionaje y desestabilización institucional.
El pronunciamiento cuestiona especialmente expresiones en las que se identificó públicamente a un ciudadano ruso y se afirmó que no había ingresado al país como turista, sino para operar dentro de una red internacional. Según los firmantes, esas afirmaciones fueron realizadas sin que existan pruebas judiciales concluyentes presentadas ante la Justicia, y luego fueron replicadas por medios de comunicación, amplificando una imagen negativa sobre toda una colectividad.
La comunidad rusa advierte que este tipo de discursos no quedan encerrados en la disputa política ni en la coyuntura mediática. Por el contrario, sostienen que generan consecuencias concretas sobre ciudadanos que viven legalmente en la Argentina, trabajan, estudian, forman familias y participan de la vida social del país. En ese marco, mencionan como hechos graves la vandalización de la Catedral Ortodoxa Rusa en Palermo y el sabotaje a la plaza de la Federación de Rusia en Belgrano, episodios que interpretan como parte de un clima social alimentado por la sospecha colectiva.
El documento recuerda que la legislación argentina prohíbe expresamente la discriminación por nacionalidad. Cita la Ley 23.592 contra Actos Discriminatorios, que sanciona el menoscabo de derechos por motivos como raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, y también la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, incorporada al marco normativo argentino mediante la Ley 17.722.
Desde esa perspectiva, las organizaciones sostienen que asociar la nacionalidad de una persona con la comisión de delitos, sin condena firme, afecta el principio constitucional de presunción de inocencia. El reclamo no defiende la impunidad de ningún individuo: por el contrario, el texto afirma que toda persona que cometa delitos debe responder ante la Justicia, cualquiera sea su nacionalidad. Lo que se rechaza es que un caso individual sea utilizado para extender sospechas sobre miles de ciudadanos de origen ruso.
La declaración también repudia cualquier intento de aplicar restricciones migratorias o normativas que vulneren derechos adquiridos de familias rusoparlantes residentes en el país, especialmente en materia de salud, educación y permanencia legal. Para los firmantes, la Argentina no puede construir una política pública basada en el señalamiento de una comunidad nacional específica.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la reivindicación del aporte histórico de la colectividad ruso-argentina. Las organizaciones recuerdan que las relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia tienen 140 años y que la presencia rusa en el país se expresa en distintas olas migratorias, instituciones culturales, bibliotecas, clubes, coros, espacios educativos, asociaciones profesionales y comunidades religiosas distribuidas en varias provincias.
En esa línea, el texto advierte que la comunidad rusa no acepta ser utilizada como “chivo expiatorio” de conflictos políticos internos. La frase condensa el sentido político del reclamo: la seguridad nacional, la investigación judicial y la defensa institucional no pueden convertirse en excusa para instalar una sospecha étnica o nacional sobre una colectividad entera.
El planteo coloca al Gobierno ante una cuestión de fondo: cómo investigar eventuales delitos sin degradar el Estado de Derecho ni promover discursos que puedan derivar en discriminación. En una democracia, la responsabilidad penal es individual, las acusaciones deben tramitarse con pruebas y la nacionalidad no puede ser presentada como indicio de culpabilidad.
Las organizaciones firmantes pidieron a las autoridades nacionales que se abstengan de realizar declaraciones que asocien origen nacional y delito, exigieron que se investiguen los ataques contra espacios vinculados a la comunidad rusa y reclamaron que se respete el marco constitucional argentino. El cierre del pronunciamiento resume el núcleo de la advertencia: en Argentina se debe juzgar a las personas por sus actos concretos, no por su nacionalidad.
Documento completo del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina
Buenos Aires, miércoles 6 de mayo de 2026
Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei
A la Señora Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
A los Señores Miembros del Honorable Congreso de la Nación
A la Opinión Pública
Señores:
Los abajo firmantes, miembros del Consejo Coordinador de las 26 organizaciones de Compatriotas de Rusia residentes en la República Argentina y en representación de la comunidad de ciudadanos rusos y rusoparlantes residentes en la Argentina, nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación. Lo hacemos en el marco de lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Ley 23.592 contra Actos Discriminatorios, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial —Ley 17.722— y demás normativas de derechos humanos que protegen a todas las personas contra cualquier forma de estigmatización por razón de su nacionalidad.
Desde hace meses, observamos un preocupante incremento de manifestaciones de rusofobia en el espacio público, los medios de comunicación y, lo que resulta más grave, en declaraciones de altas autoridades del Gobierno nacional.
Recientemente, la Señora Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, formuló acusaciones públicas contra ciudadanos rusos, vinculándolos genéricamente a supuestas redes de “ciberinfluencia” y desinformación política sin presentar pruebas fehacientes ante la Justicia que sustenten dichas afirmaciones. Las expresiones de la Ministra Monteoliva, replicadas y amplificadas por diversos medios de comunicación, han sido elocuentes en su intención de construir una imagen negativa y generalizada hacia las personas de origen ruso:
“Este es Dmitry Novikov, ciudadano ruso. Ingresó al país como turista, pero no vino a turistear. Operaba en Argentina como parte de una red internacional de ciberinfluencia (…). Este ruso no vuelve. En Argentina hay reglas claras. El que viene a atentar contra la vida, la libertad y el orden recuperado se va”.
En una línea similar, el Ministerio publicó un video donde la funcionaria sostiene que el ciudadano ruso “venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones” y que su presencia constituía “una amenaza para el orden democrático”.
El eje central de nuestra preocupación radica en que, a partir de la investigación de un caso concreto, las declaraciones de la Ministra Monteoliva han sido utilizadas para construir un relato que generaliza sospechas hacia toda la colectividad rusa.
Esta dinámica, que la prensa ha comenzado a denominar como parte del avance de la “rusofobia” en el país, encuentra su correlato en ataques concretos contra nuestra comunidad, como la vandalización de la Catedral Ortodoxa Rusa en el barrio de Palermo y el sabotaje a la plaza de la Federación de Rusia en Belgrano. Estos ataques son la consecuencia directa de un clima de opinión que construye al “ruso” como sinónimo de “amenaza”, “espía” o “desestabilizador”.
La legislación argentina es clara y avanzada en materia antidiscriminatoria.
La Ley 23.592 establece en su Artículo 1° que será sancionado quien arbitrariamente menoscabe el pleno ejercicio de derechos sobre bases igualitarias, considerando particularmente actos discriminatorios determinados por motivos de nacionalidad.
Su Artículo 2° agrava las penas de cualquier delito cuando sea cometido “por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad”.
Su Artículo 3° reprime con prisión a quienes “alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas”.
Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial —Ley 17.722—, de jerarquía constitucional, obliga al Estado argentino a condenar toda propaganda basada en la superioridad racial o de origen nacional que tenga por objeto incitar a la discriminación racial.
Cuando una ministra de Estado afirma, sin presentar pruebas judiciales concluyentes, que un ciudadano ruso “vino a atentar contra la vida, la libertad y el orden recuperado”, y sentencia que “este ruso no vuelve” haciendo de la nacionalidad el rasgo identitario que define la conducta de una persona, está construyendo una asociación indebida entre origen nacional y peligrosidad.
Esta asociación, replicada por los medios, genera consecuencias concretas para miles de ciudadanos de origen ruso que residen legalmente en el país. La caza de brujas contra todo aquel que profese la cultura rusa que ya denunciamos oportunamente se ha visto agravada en los días recientes.
Solicitamos respetuosamente a las autoridades nacionales que se abstengan de realizar declaraciones que asocien la nacionalidad de una persona con la comisión de delitos sin condena firme que así lo determine. El principio constitucional de presunción de inocencia —artículo 18 de la Constitución Nacional— debe prevalecer sobre cualquier consideración de origen nacional.
Exigimos que se investigue y sancione a los responsables de los actos de vandalismo cometidos contra los lugares de culto y espacios públicos vinculados a la comunidad rusa, en cumplimiento de la Ley 23.592 que expresamente sanciona estos actos.
Rechazamos enfáticamente cualquier intento de estigmatización colectiva. La comunidad ruso-argentina es parte de este país hace décadas. Con 140 años de relaciones diplomáticas y el aporte de más de cinco olas migratorias, hemos contribuido al desarrollo nacional desde nuestra diversidad. Rechazamos con la misma energía a quienes cometan delitos, cualquiera sea su nacionalidad, como defendemos el derecho de los inocentes a no ser perseguidos por su origen étnico.
Repudiamos cualquier restricción migratoria o normativa que vulnere derechos adquiridos de familias rusoparlantes, afectando el acceso a salud y educación de personas que decidieron, por cualquier motivo, emigrar a la República Argentina.
Las democracias sólidas no se construyen sobre la base del señalamiento colectivo ni del odio hacia una nacionalidad determinada. El camino emprendido hacia la rusofobia institucionalizada es incompatible con el Estado de Derecho y los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.
No aceptamos que se utilice a nuestra comunidad como chivo expiatorio de problemas políticos internos. En Argentina, juzgamos a las personas por sus actos concretos y no por su nacionalidad. Y en Argentina, la discriminación por origen nacional es un delito que debe ser perseguido de oficio, con independencia de quién sea su autor.
Esperamos que este llamado sea recibido con la atención que merece.
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina — CCOCRA
Institución | Año de Fundación
Club V.G. Belinski | 1951
Club M. Gorki | 1951
Club Mayakovski | 1946
Club Ostrovsky | 1946
Club Dnipro – A. Tolstoy | 1952
Club Vostok | 1941
Biblioteca Pushkin de Rosario | 1916
Colectividad Ex Soviéticos Comodoro Rivadavia | 2000
Jóvenes de la Iglesia Ortodoxa Rusa | 1946
Coro Likuy Bariloche | 2008
Centro Cultural Aurora Mar del Plata | 1987
Casa de Rusia Mar del Plata | 1986
Casa de Rusia Fin del Mundo — Ushuaia | 1992
Casa de Rusia Paraná | 2018
Colectividad Rusa Belarusa de Misiones | 1987
Teatro Infantil “Ensueños” Mar del Plata | 2010
Consejo Coordinador de Jóvenes Compatriotas Rusos en Argentina | 2016
Organización Juvenil Fénix | 2018
FICIBRU | 1992
Rodnichok | 2010
Club de Literatura y Teatro Ruso U Lukomoria | 2016
Sadko | 2010
Asociación Bariloche | 1998
Egresados Instituto Arte de la URSS | 2014
APRA — Profesores de idioma ruso | 2022
Egresados de Universidades Rusas | 2010
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Ivone Alves García
Productora general | AsiaTV
Productora general y gestora cultural especializada en cooperación internacional y comunicación geopolítica. Cofundadora y productora general de AsiaTV, plataforma dedicada al análisis geopolítico y la cooperación internacional. Ha coordinado encuentros académicos, culturales y diplomáticos con embajadas, universidades y organizaciones internacionales. Cofundadora de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI).
